En menos de un año el país vecino ha experimentado un retroceso que ni siquiera los kichneristas más fatalistas pudieron prever. Si bien las medidas neoliberales que en 2015 anunciaba Macri en campaña electoral permitían aventurar tiempos difíciles y un retroceso en la situación económica y social, ni el más pesimista hubiera afirmado que en apenas diez meses de gobierno de Macri muchos argentinos estarían sintiéndose llevados de la mano por H.G. Wells de vuelta a 2001.

El año pasado en plena campaña por la presidencia, el discurso del empresario y ex-presidente del club Boca Juniors sonaba lindo. Los globos amarillos del PRO empezaron a desaparecer, ya que no era sólo este partido político el que desafiaba la continuidad del Frente para la victoria (FPV) —el sector liderado por Cristina Fernández de Kirchner (CFK)— en el gobierno, sino otros sectores más.

Para tener una mínima chance de competir, Macri debió recurrir a una alianza con el radical Ernesto Sanz y la líder de la Coalición Cívica para la Afirmación de una República Igualitaria (CC-ARI) Elisa Carrió, quien en los últimos años ha establecido acuerdos concretos con distintos líderes políticos —como por ejemplo Pino Solanas—,  apuntando a una elección cercana pero que luego de que ésta se celebra la alianza se termina. Esta conjunción del PRO de Macri y referentes opositores al Kirchnerismo dio origen al frente Cambiemos, sector que presentó a Macri como candidato para la presidencia.

Ese acuerdo político fue lo que le dio a Macri la muy ajustada chance de convertirse en el primer político de derecha electo Presidente de la República Argentina democráticamente.  Tan ajustada que de hecho el candidato de Cambiemos ganó la segunda vuelta por apenas 700 mil votos entre aproximadamente 32 millones de argentinos habilitados para sufragar.

Una vez concluido el desencuentro entre CFK y Mauricio Macri respecto al traspaso del mando —que determinó que por doce horas el senador del PRO Federico Pinedo fuera presidente—, y luego de la muy poca ortodoxa (por ser generoso) asunción del mando en la que Macri se mostró bailando tomado de la mano de la vicepresidente Gabriela Michetti, que cantaba micrófono en mano desde su silla de ruedas —la escena hacía pensar en dos padres cantando desde su mesa una canción en el cumpleaños de 15 de su hija—, comenzó finalmente la presidencia del creador y líder del PRO. Y comenzó con todo.

Tomándose demasiado a pecho la frecuente recomendación que aconseja a los presidentes aplicar, dentro de los primeros cien días de gobierno —período al que coloquialmente se denomina “luna de miel”— las medidas más antipopulares o que puedan generar rechazo. Pero Macri parece creer que la luna de miel será eterna, ya que a diez meses de transcurrido su gobierno las medidas antipáticas adoptadas por el gobierno continúan, y ya se ha anunciado que en breve otras nuevas serán implementadas, por lo que es de esperar que el descontento popular aumente. Por eso no resulta extraño que la encuesta más reciente de Poliarquía —la encuestadora más cercana a Macri y más alejada del Kirchnerismo— muestra nuevamente un descenso en el índice de aprobación de su gobierno al situarla en un 56% , bajando cuatro puntos respecto a la medición anterior y siendo la más baja hasta hoy,  ubicando la desaprobación en un 43%, la imagen positiva del presidente en un 46% —la más baja hasta el momento—, un 34% de imagen negativa y un 20% neutral.

Siendo Macri un gran crítico del uso de decretos por parte de CFK, a menos de diez días de iniciada su administración una de sus primeras decisiones fue hacer uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y designar a dos jueces a dedo para integrar la Corte Suprema. Esto no sólo le valió las crítica del Kirchnerismo sino también de importantes referentes del Frente Renovador como su líder y fundador Sergio Mazza, el diputado bonaerense por ese partido Felipe Solá, y Alberto Fernández, ex jefe de campaña de Mazza en las elecciones de 2015 —los tres ex Kirchneristas—. Pero esta decisión del presidente argentino no sólo recibió reparos de parte de la oposición, sino también de integrantes del mismo frente Cambiemos como una de sus fundadoras Elisa Carrió y por Julio Cobos, ex vicepresidente bajo el segundo mandato de CFK.

La decisión fue cuestionada porque si bien la Constitución argentina habilita la utilización de los DNU, estos están previstos para determinadas excepciones. En esa oportunidad, Macri se amparó en el artículo 99 de la Constitución argentina, que había sido utilizado por última vez en 1852 por Bartolomé Mitre. Macri argumentó que era urgente cubrir dos vacantes de la Corte Suprema, y dado que por la fecha el Congreso no estaba en funciones no podía someter a consideración del Senado la designación de los dos jueces como se hace en estos casos. Quienes lo criticaron sostuvieron que la situación era fácilmente subsanable si él hubiera convocado a una sesión extraordinaria del Senado, pero para que los dos jueces fueran ratificados se necesitaban dos tercios de los votos de los legisladores, y no parecía probable que el Peronismo estuviera dispuesto a votar a favor. Finalmente Macri retrocedió en esa decisión, y acordó con la oposición analizar los DNU en el Congreso.

¿No querés sopa…?

Otra de las medidas de gran repercusión que llevó adelante Macri fue la del despido masivo de funcionarios públicos. Por esos días en Argentina sobrevoló una palabra manejada por Luis A. Lacalle en las elecciones nacionales de 2009, como parte de la política que pensaba implementar en caso de ser electo: motosierra. Aproximadamente 8 mil funcionarios públicos fueron despedidos de distintas oficinas públicas incluido el Congreso. A menudo el gobierno alegó que se trataban de militantes kirchneristas —en especial de la tan vilipendiada Cámpora— que estaban allí como se dice vulgarmente por “acomodo”. Como en el caso anterior, esta decisión también provocó molestar tanto en oposición como en algunos aliados de Macri, que manifestaron que se había sido injusto con muchos funcionarios del Estado con varios años de antigüedad, que no habían empezado a trabajar en los últimos meses de 2015 —uno de las justificaciones más reiteradas por el gobierno—.

Mauricio Macri volvió a desafiar la paciencia de la gente con el llamado “tarifazo”. Es justo decir que ya en campaña Macri había anunciado su intención de terminar con los subsidios a la energía y concretó su anuncio. Las tarifas de electricidad llegaron aumentar hasta entre un 700% y 800%. El malestar fue tal que el gobierno debió rever el aumento, y situar como tope de éste un 300% —lo que tampoco deja de ser una parte importante del ingreso de un trabajador de clase media en Argentina—. Esta vez las críticas reclamaban que el gobierno no había cumplido con el mandato constitucional de realizar audiencias públicas en donde explicar los motivos y ejecución del aumento de tarifas. Si bien estas audiencias no tienen poder vinculante, sí se trata de una posibilidad que tiene el pueblo de expresar su descontento. Durante varios meses el gobierno se negó a concederlas. Finalmente pocos días atrás se celebró una en la que se trató el aumento de las tarifas de gas. Algunos concurrentes denunciaron que no se dejó ingresar a muchas personas al lugar en donde el ministro de Energía Aranguren defendió el tarifazo.

Justamente este ministro es otro los puntos en donde más hace énfasis la oposición a la hora de plantear críticas. Y es que siendo Aranguren el ministro de Energía, continúa siendo propietario de acciones de la petrolera Shell, en la que él ocupó un importante cargo.

Tampoco otros miembros del gobierno le facilitan las cosas a Macri. El presidente del Banco Central Federico Sturzenegger ha tenido declaraciones cruzadas con el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay—ex funcionario de J.P. Morgan—, cuyas declaraciones muchas veces parecen indicar que piensa que la inflación puede desaparecer con pensamiento mágico. Pocos días atrás públicamente anunció que la inflación ya no era un problema en Argentina, algo que hasta fue desmentido por las propias cifras oficiales publicadas por el gobierno. Sturzenegger por el contrario resulta más mesurado y realista, y no prevé una baja fácil y rápida de la inflación.

Los ministros por la boca mueren

A las medidas antipáticas y que en menos de un año han generado más de 5 millones de nuevos pobres, se le suman declaraciones —casi provocacaiones— poco felices de algunos representantes del gobierno —incluido el presidente­— que no hacen otra cosa que irritar más a la población. Meses atrás el ministro de Hacienda Prat Gay, dijo que no entendía las quejas del tarifazo ya que el aumento no representaba más que “dos pizzas”. El  ministro de Energía Aranguren, intentando justificar el excesivo aumento de las tarifas dijo: “Estamos aprendiendo sobre la marcha”, y negó que su política fuera de prueba y error.

Vinculado al tema del tarifazo otro frente se le abrió al gobierno —o mejor dicho el mismo gobierno se lo abrió—. Luego de varias idas y venidas, discusiones, y medidas cautelares solicitadas por varios intendentes a la Justicia —y algunas concedidas—, la jueza federal Martina Forns frenó el tarifazo de la luz en toda Argentina, debido a la no realización de las las audiencias públicas y argumentando que “no se puede aumentar el servicio un 1000% de un día para el otro”. Esto le costó sufrir amenazas telefónicas, y hasta que le pusieran una granada inactiva —que no podía explotar— frente a su casa. Finalmente, la Corte Suprema revocó todas las medidas cautelares que frenaban el tarifazo y se le prohibió a la jueza pronunciarse sobre el tema. La jueza incluso denunció haber sido víctima de violencia de género dentro del juzgado; hasta se ha presentado una solicitada firmada por políticos oficialistas y hasta algún artista, solicitando que se la remueva de su cargo.

La paja en el ojo ajeno

Así como el Kirchnerismo contaba con medios o programas oficialistas como 678 o C5N, el gobierno cuenta con los suyos, más masivos y poderosos. Hasta ahora siguen cuidando a la administración de Macri, y los contenidos de los programas siguen todavía centrándose en los presuntos casos de corrupción de funcionarios del gobierno de CFK y de ella misma. Sin embargo, muy rara vez se ocupan de los Panama Papers, que demostraron que Macri tiene tres empresas en ese paraíso fiscal. Tampoco mencionan que el presidente mintió al decir que la offshore en la que él figura como director se creó para realizar negocios en Brasil hace años, pero que estos no se concretaron. La información proporcionada por el gobierno del país norteño demostró que sí se realizaron negocios a través de esta offshore. Los medios oficialistas tampoco hablan de los Bahamas Leaks, otra investigación realizada por el mismo consorcio de periodistas que publicó los Panama Papers. En esta nueva investigación, también se reveló que Macri posee otras offshore en Bahamas.

Desde hace meses la vicepresidente Gabriela Michetti continúa siendo investigada por una bolsa de dinero que hace meses ella denunció que se le robó cuando le entraron a su casa. Esto le trajo un problema que no anticipó, y fue que se le pidió que explicara por qué ese dinero estaba en su casa y no bancarizado. Lo que más complica la causa es que la explicación que dio ella es diferente de la que dio su novio, quien sería el  propietario del dinero.

Para completar la lista de enfrentamientos que está sufriendo Mauricio Macri, se suma ahora una denuncia contra la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) —ex SIDE— por parte de dos periodistas de un medio opositor, por haber sido hackeados y su correo electrónico espiado por un funcionario de esa institución estatal.

Es difícil predecir el futuro de Argentina. En especial porque si todo esto ha acontecido en menos de un año de gobierno, que podrá pasar en los tres años y poco que quedan para que Macri finalice su mandato.

En algún momento la supuesta corrupción kichnerista dejara de esconder los errores del gobierno, y Macri deberá empezar a responder por la supuesta corrupción macrista. Pero si además de ganarse el lógico rechazo que aparece ante el abuso la función pública —sea haya comprobado o no en muchas personas el rechazo o desconfianza ya está instalada—, Macri también corre riesgo de perder el apoyo de aquellos por fuera del PRO que lo votaron. Y es allí donde la situación puede volvérsele más complicada.

Sus ministros y jerarcas tampoco lo ayudan.