Acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, polémica por el Nobel de Literatura otorgado a Bob Dylan, debate entre Hillary Clinton y Donald Trump; no existe hecho noticioso que evite que diariamente en los informativos, se haga aunque sea una mínima mención sobre la situación de crisis social y económica que vive Venezuela.

El pasado 20 de octubre, a sólo seis días de la fecha fijada para el comienzo de la segunda fase del procedimiento —la recolección de firmas del 20% del electorado de cada estado venezolano—, que podría culminar con el referendo revocatorio para determinar la continuidad o no de Nicolás Maduro al frente de la presidencia de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que “el proceso de recolección del 20% de manifestaciones de voluntad, queda pospuesto hasta nueva instrucción judicial”.  Según el CNE, la suspensión obedeció al acatamiento de este órgano a las medidas cautelares que tribunales penales de los estados de Monagas, Apure, Aragua, Carabobo y Bolívar dictaron, ante la detección de rúbricas de personas fallecidas, menores de edad y criminales inhabilitados para votar presentadas ante el CNE en mayo de este año, cumpliéndose con la primera fase del proceso —recolección en cada uno de los 24 estados del 1% de manifestaciones de voluntad de los habilitados para votar—. Desde entonces a la fecha, de parte de los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)  sólo se ha escuchado la misma retórica agresiva de los últimos dos años hacia el gobierno de Nicolás Maduro, el que a su vez responde con el mismo tono belicoso.

Probablemente ése sea uno de los errores de la oposición para no sumar mayor apoyo al ya conseguido —muy significativo—, tanto a nivel nacional como internacional. En ese sentido, la MUD demuestra el mismo nivel de torpeza que el presidente Maduro, cuando esa alianza de partidos opositores se niega a aceptar los ofrecimientos de diálogo por parte del gobierno, e incluso una posible mediación del Papa Francisco.

Henrique Capriles, uno de los principales referentes de la oposición, amenaza con la posibilidad de que el parlamento venezolano —en el que la MUD cuenta con mayoría absoluta— lleve adelante un juicio político contra Maduro, a pesar de que este recurso no está previsto en la Constitución Bolivariana. Lo que sí prevé la carta magna venezolana es que el presidente pueda ser juzgado por abandono del cargo —y con eso también amenaza Capriles—, debido a la “gira relámpago” que el presidente de Venezuela emprendió por Estados que integran la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y otros que no —como por ejemplo el Vaticano—, con el fin de alcanzar un acuerdo definitivo que permita estabilizar los precios del crudo en el mercado internacional.

Las constantes declaraciones desafiantes de la oposición al gobierno fundamentadas tan superficialmente, no hacen otra cosa que generar dudas acerca de las verdaderas motivaciones de la MUD en remover a Maduro.  La oposición debería actuar en forma más rigurosa y explicar por ejemplo, por qué de los 2,5 millones de firmas que asegura haber recolectado en “tiempo récord”, ante el CNE presentó sólo 1,85 millones —aproximadamente diez veces más que el requerido 1% del padrón electoral de cada estado—. De la misma forma, la MUD acusa al CNE de servir al gobierno, cada vez que el órgano falla en forma distinta a la esperada por la oposición.

Otro elemento que genera suspicacias, es que los opositores no disputen las afirmaciones de los tribunales penales de los cinco estados que denunciaron como ilegítimas varias de las firmas recolectadas por la MUD, en la primera fase del proceso para llegar al referendo revocatorio. Esto podría interpretarse como una admisión de lo sostenido por esos tribunales.  Además, pocas son las voces —entre ellas las de algunos juristas integrantes de la ONG Foro Penal Venezolano— que han hecho referencia a lo argumentado por el CNE, fundamentando la suspensión de la segunda etapa del proceso para el posible referendo revocatorio en el acatamiento a las medidas cautelares, que  tribunales penales de cinco estados dictaron por motivos de fraude.

Según algunos juristas, ninguna decisión de un tribunal penal estatal puede ser admitida por el CNE como un motivo para suspender comicios de carácter nacional, ya que esto violaría la Constitución.  El problema radica en que ni siquiera esos doctores en Derecho han esgrimido un argumento legal que confirme su aseveración, citando por ejemplo, algún artículo de la Constitución o norma legal que ratifique la validez de su posición.

Los sospechosos de siempre

Si bien el gobierno de Venezuela está en manos de una persona que lejos está de poseer el carisma y la inteligencia de Hugo Chávez, la situación se empareja cuando al frente de la oposición se encuentran figuras como Leopoldo López —y su mujer Lilian Tintori—, Antonio Ledezma, Henrique Capriles y María Corina Machado; personajes que irónicamente hoy se enarbolan en las banderas de la democracia y la paz, pero que tanto en el pasado como en el presente han llevado a cabo acciones contra la república, como por ejemplo su participación en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002, o sus implicaciones directas en maniobras desestabilizadoras contra el gobierno de Nicolás Maduro.

En sus intentos de concretar el final anticipado del gobierno de Nicolás Maduro, en lugar de hacer uso de los recursos democráticos previstos en la Constitución Bolivariana —a los cuales recién han recurrido hace unos meses—, el antichavismo prefirió expresar sus protestas y demandas a través de las llamadas “guarimbas”; manifestaciones violentas que en febrero de 2014 causaron grandes destrozos materiales en la ciudad de San Cristóbal del estado de Táchira,  así como también en la capital Caracas. Pero además de los daños a la propiedad pública y privada, cuarenta y tres personas —de ambos bandos— perdieron la vida en enfrentamientos que se produjeron entre oficialistas y opositores.

Parte de la oposición, considera presos políticos a algunos de los que convocaron a estas manifestaciones violentas, como por ejemplo el coordinador nacional del partido Voluntad Popular y de las Redes Populares, Leopoldo López —exalcalde del municipio Chacao desde 2000 hasta 2008— y Antonio Ledezma, político y abogado, exlegislador y exalcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas.  Asimismo, fue también parte fundamental en la organización y convocatoria de las guarimbas la exdiputada María Corina Machado, fundadora del movimiento político Vente Venezuela y cofundadora de la asociación civil Súmate. A estas movilizaciones violentas, López, Ledezma y Machado las llamaron eufemísticamente “La Salida”.

Sin embargo, otro de los líderes opositores más destacados —por estos días quizás el que cuenta con mayor exposición mediática—, el actual gobernador del estado Miranda  Henrique Capriles, supo ser más hábil y desmarcarse de esos levantamientos. Refiriéndose a las guarimbas, dejó en claro expresamente que él no coincidía con esa forma de reclamar la renuncia de Nicolás Maduro.

Demócratas ejemplares

En estos días en los que para describir al gobierno de Nicolás Maduro sus detractores ya no lo definen como populismo sino como dictadura, el liderazgo de la oposición al chavismo continúa en manos de López, Capriles, Ledezma y Machado; aunque debido a los encarcelamientos de López y Ledezma por su instigación a las guarimbas, se produjo un reacomodamiento de liderazgos en la alianza que busca remover a Maduro del gobierno. Desde que fue encarcelado, las declaraciones y comunicados de Leopoldo López han sido a través de sus redes sociales y de su esposa Lilian Tintori. No estaba en la mente de nadie que Tintori ocupara un sitio protagónico en la oposición. Pero haya sido por iniciativa suya, de su esposo o de asesores, ha sabido sacar provecho de la situación posicionándose a la vanguardia del antichavismo, y presentando a su esposo como un preso político.

Actualmente Tintori, quien por sí sola es capaz de convocar a manifestaciones y marchas, ya no aparenta ser una simple vocera de los mensajes su marido.

Vale la pena recordar que el rechazo del antichavismo a Maduro data de abril de 2013. Al fallecer Hugo Chávez en marzo de ese año, Nicolás Maduro —por entonces vicepresidente ejecutivo de Venezuela— asumió interinamente la jefatura de Estado hasta que se celebraron elecciones presidenciales el mes siguiente. Habiéndolo proclamado Hugo Chávez meses antes de morir, como el elegido para mantener viva la Revolución Bolivariana y a quien había que votar en caso de que se convocara a nuevas elecciones presidenciales — como finalmente ocurrió ante el deceso del comandante— , Maduro fue presentado como el candidato del oficialismo para ocupar la presidencia de la república. Como candidato de la oposición para disputarle la presidencia apareció un político en plena carrera ascendente: Henrique Capriles; por ese entonces y aún hoy, gobernador del estado Miranda.

Esa sería la segunda vez que Capriles se presentaba como candidato a presidente de Venezuela, ya que pocos meses antes había sido el presidenciable por la MUD para competir representando a esa alianza de partidos, en las elecciones presidenciales de 2012 en las que Hugo Chávez fue electo presidente por tercera vez consecutiva.

Cuando en 2013 Capriles fue derrotado nuevamente —esta vez por Maduro—, el candidato de la MUD se negó a reconocer los resultados y alegó que las elecciones habían sido fraudulentas —estrategia que después fue aplicada en otros países de la región, como en el caso de la elección de gobernador de la provincia de Tucumán en Argentina en 2015— y exigió que se realizara un recuento de los votos. Ante la falta de evidencias que ratificaran la afirmación de Capriles, tanto el CNE —hoy tan cuestionado— como el Tribunal Supremo de Justicia declararon “inadmisible” la solicitud del candidato de la MUD.

Poco tiempo después, Leopoldo López —sobrepasando a Capriles— comenzaría a concitar la atención nacional e internacional como el principal opositor al chavismo. ¿Pero quién es Leopoldo López?

Leopoldo López y su historia antichavista  

Según Modesto Emilio Guerrero, biógrafo de Hugo Chávez, López pertenece al grupo de los Célticos. Detrás de este grupo hay dos grandes organizaciones; una es la fundación del ex Presidente de Colombia, Álvaro Uribe. La fundación del ex primer mandatario colombiano asesoró a la Policía de Buenos Aires durante el segundo mandato de Mauricio Macri (hoy Presidente de la República Argentina) cuando éste se desempeñaba como Jefe de la Ciudad. Asimismo, esta fundación cumple la misma tarea en varios países de América Latina y cuenta con el apoyo de la Fundación Carolina, organización española del Partido Popular, de corte falangista, que cuenta con más de 200 intelectuales que se dedican a asesorar desde distintas organizaciones, oponiéndose a los gobiernos progresistas. De igual forma, estos intelectuales trabajan con el Tea Party —el sector más conservador del Partido Republicano— y con una parte del Partido Demócrata.

Según Modesto Emilio Guerrero, López busca el derramamiento de sangre. No le importa si es sangre opositora u oficialista con tal de que le sea útil para desestabilizar al chavismo. Según el biógrafo de Chávez, esa fue la razón por la que cuando López se entregó en 2014 lo hizo frente al ministerio del Interior de Venezuela en lugar de en la Fiscalía, que es donde debería haberse sometido voluntariamente a la Justicia. El motivo de entregarse frente al ministerio del Interior obedeció a dos razones: la simbología política que brindaba hacerlo en ese organismo, y su ubicación geográfica; el ministerio está localizado en un punto ideal para que se produzca el enfrentamiento violento entre dos facciones.

Durante el golpe de Estado en 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez, el exalcalde Leopoldo López fue uno de los opositores que lideró el ilegal y violento “arresto ciudadano” de Ramón Rodríguez Chacín, que ejercía como ministro de Interior y Justicia. Leopoldo López relató en vivo cómo detuvo ilegalmente a ese ministro leal a Chávez. Si bien Capriles no aparece junto a López mientras éste declara frente a los periodistas, López explica que fueron él, un comisario y Henrique Capriles los que detuvieron al ministro Rodríguez Chacín.

Video de López describiendo a los periodistas la detención de Rodríguez Chacín:

Tanto Leopoldo López como María Corina Machado —entre muchos otros—, firmaron el llamado “Decreto Carmona” por el cual se declaraba por escrito el golpe de Estado perpetrado a Chávez, así como también la autoproclamación de Pedro Carmona Estanga como nuevo presidente de Venezuela.

Años más tarde, López volvería a encabezar actos desestabilizadores cuando él y un grupo de personas intentaron entrar violentamente a una cumbre internacional que se celebraba en Venezuela.

Otra de las acusaciones que frecuentemente Leopoldo López realiza contra el gobierno de Nicolás Maduro es la corrupción.

Irónicamente, en 2008 la Contraloría venezolana dictó una inhabilitación administrativa —prohibición de ejercer en la actividad pública— contra Leopoldo López por un período de 3 años, por un caso de conflicto de intereses en 1999 cuando se desempeñaba como analista y asesor económico de PDVSA —la compañía petrolera estatal venezolana—. En ese entonces, la Gerencia de Asuntos Públicos de la empresa estaba a cargo de su madre,  Antonieta Mendoza, quien aprobó un donativo a la ONG Primero Justicia de la que López formaba parte.

Asimismo, la Contraloría le dictó una segunda inhabilitación administrativa esta vez por 6 años, por encontrarlo responsable del desvío de recursos estatales cuando ejerció como alcalde del municipio Chacao.

Actualmente, López cumple condena por ser encontrado culpable de la incitación a las guarimbas que dejaron un total de 43 muertos.

Además, Leopoldo López junto a Antonio Ledezma y María Corina Machado, redactaron y firmaron el denominado “Acuerdo Nacional para la Transición”. Un documento en el que se proclamó que no habría paz en Venezuela hasta que el presidente Maduro no renunciara al gobierno. Esta declaración no sólo representó un problema desde el punto de vista jurídico, ya que no existe en la Constitución venezolana un artículo que avale tal transición, sino que también dejó en evidencia que parte del desabastecimiento de varios productos de consumo que hoy sufren los venezolanos es provocado por empresarios antichavistas. Esta estrategia no es nueva, sino que fue una de las primeras acciones tomadas por los responsables de la caída de Salvador Allende en Chile.  Ello se desprende de lo establecido en el texto al expresar que una vez caído el gobierno de Maduro, los mercados internos de productos, alimentos y servicios, serían abastecidos. A menos que los líderes opositores redactores de este documento cuenten con una máquina o fórmula mágica, que en poco tiempo pusiera al alcance de los venezolanos los productos que escasean desde hace varios meses, eso sólo puede ser interpretado como que López, Ledezma y Machado están en conocimiento de la ubicación de depósitos en los que se esconden los productos que escasean en el mercado, favoreciendo así el desabastecimiento, utilizándolo como carta de extorsión, y buscando generar una presión social que contribuya a la renuncia o deposición de Nicolás Maduro.

Este tipo de operaciones en parte causante del desabastecimiento, fue comprobado por el hoy diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Monagas, Diosdado Cabello, cuando en febrero de 2014 oficiando como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela allanó un depósito en el que se escondían casi 940 toneladas de alimentos, como arroz, manteca, aceite, azúcar, leche y granos.

Allanamiento de Diosdado Cabello a depósito de alimentos escondidos:

El rol de Antonio Ledezma en las protestas contra el gobierno de Maduro  

Otra de las figuras más fuertes de la oposición es Antonio Ledezma, quien hasta febrero de 2015 —cuando fue detenido— se desempeñaba como alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas. Su larga carrera política siempre ha estado salpicada de acusaciones de represión y muertes. Siempre se ha visto vinculado a la represión de estudiantes, algunos de ellos incluso perdieron la vida. El ejemplo más extremo de este accionar ocurrió en setiembre de 1984 en la denominada “Masacre del Tazón”, en la que efectivos de la Guardia Nacional bajo su mando ametrallaron dos ómnibus que transportaban estudiantes de la Universidad Central de Venezuela que habían manifestado planteando distintas reivindicaciones.

En febrero de 1989 siendo gobernador de la capital venezolana, fue acusado de ser el responsable de 400 asesinatos durante los hechos conocidos como “El Caracazo”.  En 1992, estando a cargo de la gobernación del Distrito Federal, fue denunciado como el responsable del asesinato de 200 venezolanos privados de libertad, encarcelados por oponerse a una rebelión militar contra el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.

En febrero de 1992, desempeñándose como gobernador del entonces Distrito Federal ordenó la represión y encarcelamiento de jubilados, que protestaban frente al palacio presidencial de Miraflores exigiendo el pago de pensiones.

En videos filtrados dados a conocer en 2014, los jóvenes opositores Lorent Saleh, Gabriel Valle y Ronny Navarro —que en 2010 ya habían protagonizado acciones violentas contra el gobierno de Hugo Chávez—, en videoconferencia con una cuarta persona no dada a conocer y que simuló ser un simpatizante de su causa, vincularon a Antonio Ledezma, María Corina Machado y hasta el expresidente colombiano Álvaro Uribe con planes de violencia y actos de terrorismo en contra del gobierno de Maduro, que fueron desbaratados antes de que se concretaran.

Vínculo entre Lorent Saleh y María Corina Machado:

Vínculo entre Lorent Saleh y Antonio Ledezma:

Vínculo entre Lorent Saleh y Manuel Uribe:

Las operaciones mediáticas de medios nacionales e internacionales

Estos antecedentes de quienes hoy se erigen en paladines de la libertad, no implican que todo lo que denuncie la oposición sea falso ni que todos los opositores tengan motivaciones golpistas, pero sí provocan un efecto de desconfianza tanto en venezolanos como en extranjeros fuera de Venezuela.  En este sentido, tampoco ayudan las operaciones de prensa de medios nacionales y extranjeros, como por ejemplo la foto de El País de España de una persona de la que se aseguraba que era Hugo Chávez entubado en un quirófano. Una vez comprobada la mentira, el propio editor en jefe de ese periódico reconoció públicamente que habían publicado esa fotografía sin estar completamente seguro de que el retratado era Chávez.

Foto trucha de Chávez entubado publicada en el El País de España:

hugo-chavez-elpais
Otro ejemplo de tergiversación fue una sucesión de fotos publicadas en redes sociales y diarios venezolanos y extranjeros, en donde se presentaban fotografías de actos de represión y atentados supuestamente cometidos por parte del gobierno venezolano contra opositores, cuando en realidad se trataban de imágenes de actos violentos por parte de policías y militares acontecidos en otros países. En otra oportunidad, se acusó a la Guardia Nacional Bolivariana de haberle disparado a un joven opositor —versión difundida por informativos de todo el mundo al igual que el testimonio de su madre frente a cámara culpando a Maduro—, siendo que al día siguiente un video grabado por un particular mostraba como el joven había perdido la vida accidentalmente mientras intentaba descender de una azotea.

Fotos truchas y video que prueba acusación falsa contra Guardia Nacional Bolivariana:: https://cazadebunkers.wordpress.com/2015/03/01/manipulacion-mediatica-fotosfalsas-para-desinformar-sobre-venezuela/

Todas estas acciones manipuladoras terminan teniendo el efecto contrario al buscado, ya que con las herramientas que hoy brinda la tecnología resulta fácil desmontar estas falsedades.  Los opositores honestos que no tienen intenciones desestabilizadoras y que realmente sienten que son atropellados por el gobierno de Maduro, deberían esforzarse en convencer a los incrédulos con argumentos rigurosos y veraces, y sobre todo no permitir que los rostros de sus demandas sean los de personas con antecedentes para nada emparentados con la democracia.