En los últimos días se discutió en el Parlamento la aprobación o no de una comisión investigadora que analizara supuestas irregularidades cometidas por la empresa Aire Fresco, que bajo el gobierno de José Mujica actuó como intermediaria entre éste y el gobierno de Venezuela para la concreción de algunos negocios. Finalmente la comisión investigadora no fue aprobada, a pesar de que el diputado Gonzalo Mujica perteneciente al MPP —el mismo sector del Frente Amplio (FA) en el que se encuentran algunos de los responsables de Aire Fresco —votó en favor de ésta. Fue el voto del diputado Eduardo Rubio, del partido Unidad Popular, el que devolvió al oficialismo la mayoría que el Frente Amplio había perdido momentáneamente en esa cámara con el voto de Gonzalo Mujica en contra de la posición adoptada por su partido. Para el oficialismo, las pruebas —o por lo menos así catalogadas por el diputado nacionalista Jaime Trobo, que solicitó formalmente la creación de una comisión investigadora— no constituyen evidencia de irregularidad alguna cometida por parte de la empresa Aire Fresco.

Para el diputado Mujica existen sospechas fundadas; no sólo sobre dichas irregularidades sino acerca de una posible financiación —también irregular— de parte del gobierno venezolano al MPP. Lo que resulta complejo de entender, es por qué si este legislador descree tanto de la financiación de su propio sector insiste en continuar formando parte del mismo. Sus justificaciones para entregar su banca han sido bastante débiles. Mujica argumenta que en varias ocasiones, cuando legisladores provenientes de otros partidos se integraron al FA no se les solicitó que entregaran la banca que ocupaban y que había sido obtenida integrando otros partidos. El error de Mujica radica en los argumentos que él mismo ha utilizado en algunos medios —como en el programa La tarde en casa de Canal 10—  para justificar su posición casi que ridiculizándose a él mismo; por ejemplo, al decir que el Frente Amplio se fundó con gente que pasó de un partido a otro —del Partido Colorado o el Partido Nacional al Frente Amplio— y conservó su banca, citando ejemplos como los de Zelmar Michelini, Alba Roballo o Francisco Rodríguez Camusso. Resulta bastante desproporcionado —y casi petulante— que Gonzalo Mujica compare su persona con la de esas figuras históricas que contaban con un caudal de votos propios, cuando la realidad es que hasta su reciente disidencia, para la mayoría de la gente él era uno de los tantos legisladores desconocidos que integran nuestro Parlamento.

La democracia de la disciplina partidaria

Respecto al no acatamiento de la disciplina partidaria —lo que motivó las discusiones acerca de si Mujica debería entregar su banca o no—, a menudo se afirma incorrectamente que ese procedimiento es antidemocrático; en nuestra opinión es justamente lo contrario. No respetarlo constituye precisamente un agravio a una decisión democrática. La disciplina partidaria no es otra cosa que la posición asumida por la mayoría de los integrantes de un partido respecto a un tema, y que justamente por ser la opinión mayoritaria —y como ocurre en todo proceso democrático—quienes sostienen un enfoque discrepante deben respetar. Negarse a hacerlo constituye un irrespeto hacia la democracia —en este caso de un partido político—; más aún cuando Gonzalo Mujica estaba perfectamente al tanto de este procedimiento cuando decidió postularse como legislador de uno de los sectores que compone el FA. Nadie colocó un revólver en el pecho del diputado Mujica para forzarlo a integrar la fuerza política de la que hoy forma parte; en todo caso si él discrepaba con la utilización de la disciplina partidaria debería haber optado por integrar otro espacio político, ya que era consciente de que la situación que hoy lo tiene como protagonista podía llegar a ocurrir en algún momento.

Tampoco contribuye a evitar una polarización la utilización de argumentos anacrónicos para defender una postura. Durante el debate en el Parlamento acerca de la comisión investigadora, se escucharon argumentos que no hacen otra cosa que desligitimar o restarle fuerza a la defensa de una posición —en este caso la del oficialismo.  La semana pasada en el programa de Canal 12 Esta boca es mía, el diputado nacionalista Jaime Trobo comentaba que la justificación utilizada por el oficialismo en el Parlamento para bloquear la aprobación de una comisión investigadora, consistía en que la solicitud presentada por él formaba parte de un plan llevado a cabo por parte de la derecha neoliberal latinoamericana y el imperialismo estadounidense, para desprestigiar —y en muchos casos deponer inconstitucionalmente— a los movimientos populares del continente.  Lo dicho por el diputado Trobo fue tendencioso y no del todo cierto. Es verdad que ése fue uno de los motivos que alegó alguno de los diputados del oficialismo, pero lejos estuvo de ser el único.

Es indudable que aproximadamente desde 2009, existe una estrategia de la derecha para recuperar terreno perdido en gran parte de Latinoamérica. Si bien ese año en Honduras el presidente legítimamente electo Manuel Zelaya fue removido militarmente, y en 2010 se intentó hacer lo mismo con Rafael Correa. Hasta allí llegaron los golpes de Estado —o intentos de— como propiamente los conocíamos en el continente. Pero a partir de 2012 en Paraguay, el procedimiento se refinó y comenzamos a ver cada vez más lo que se conoce como “golpe blando”. Es decir, el mal uso de un recurso constitucional para remover a un presidente constitucionalmente en funciones y democráticamente electo.  En Brasil tenemos el ejemplo más reciente de esta práctica. Y en Argentina, si bien Macri alcanzó la presidencia a través de elecciones democráticas y sin fraude alguno, es indudable el papel que tuvieron los medios dominantes —en su gran mayoría derechistas— de ese país, en colaborar para que el candidato de Cambiemos llegara a la Casa Rosada.

Pero a pesar de esas tácticas de la derecha, en ocasiones constitucionales y en otras no, los gobiernos progresistas gracias a muchos de sus logros en la última década han demostrado tener argumentos mucho más racionales y actuales que una apelación emotiva y anacrónica propia de los años 80 y 90, sin desmedro de que es innegable de que el espíritu intervencionista de Estados Unidos en América Latina continúa intacto y vigente. Casi que suena tan básico como un simpatizante de derecha que se opone a los gobiernos progresistas por temor al comunismo.

Los hijos de los expresidentes no tienen memoria  

Pero lo que rechina los dientes son algunas actitudes de legisladores nacionalistas como Jaime Trobo y Luis Lacalle Pou, planteando la creación de una comisión investigadora como si se tratara de un instrumento salvador del país.

En la actualidad, las comisiones investigadoras tienen capacidades limitadas para indagar. Las citaciones que realizan a personas directamente involucradas en asuntos que la comisión analiza, al igual que a otras que no están directamente vinculadas con el tema objeto de investigación pero que pueden aportar testimonios relevantes, no tienen naturaleza vinculante; aquellos que están citados no tienen obligación alguna de declarar ante la comisión investigadora ni de aportar ningún tipo de datos. Tampoco tiene ésta potestad para investigar documentos de empresas públicas o privadas. Además, si la comisión convoca a un funcionario de un organismo del Estado a declarar, ese funcionario debe contar con la autorización del jerarca de ese organismo.

Pocos días atrás, el senador Luis Lacalle Pou afirmó que cuando el Partido Nacional gobernó por última vez, siempre votó a favor de las comisiones investigadoras que el FA propuso para indagar supuestas irregularidades cometidas bajo el gobierno blanco.  Para algunos, esta afirmación de Lacalle Pou suena como máximo hipócrita y como mínima contradictoria. Ya que durante el gobierno que tenía como presidente a Luis Alberto Lacalle —su padre—, el vicepresidente de la República, Gonzalo Aguirre — obviamente perteneciente al Partido Nacional—, presentó en el Parlamento un proyecto de ley basado en una tesis de José Korzeniak, jurista que por esos años ejercía como senador por el Frente Amplio. El proyecto de ley establecía la naturaleza obligatoria de las citaciones a declarar realizadas por las comisiones investigadoras; también volvía irrelevante la aprobación o no del superior de un funcionario de un organismo estatal. Asimismo, aumentaba la capacidad de las comisiones investigadoras para acceder a documentos de empresas privadas y públicas. El proyecto de ley fue aprobado, pero el entonces presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, vetó los artículos que otorgaban esas facultades a las comisiones investigadoras. ¿El senador Luis Lacalle Pou no conoce o no recuerda ese hecho? El diputado Jaime Trobo tampoco parece recordarlo.

Con las actuales limitaciones que hoy tiene ese recurso parlamentario, una comisión investigadora tiene más gusto a fin electoral que herramienta de justicia. De hecho, es la Justicia el órgano con la potestad natural para investigar irregularidades como las denunciadas por el diputado Trobo. De hecho, ya lo está haciendo.